El gasto público en la Argentina reciente
El gasto público en Argentina tiene varias particularidades. En los últimos años ha sido relativamente alto para el nivel de desarrollo del país, más parecido al de las economías avanzadas que al de otras naciones con ingresos similares. Ese mayor nivel de gasto ayuda a explicar por qué Argentina logró reducir la desigualdad más que la mayoría de los países. Otra característica distintiva es su alto grado de descentralización. Es decir, una parte importante del gasto lo ejecutan provincias y municipios, como resultado del carácter federal del país.
Además, el gasto público argentino suele ser procíclico, lo que significa que tiende a amplificar los ciclos económicos en lugar de suavizarlos.
¿Cómo es el gasto público en la Argentina?
En la última década, el gasto público de Argentina promedió el 45% del PIB, una cifra mayor a la media regional e incluso a algunos países desarrollados
Entre 2014 y 2023, el gasto público en Argentina representó en promedio el 44,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel de gasto posiciona a Argentina por encima de la mayoría de los países de América Latina. Como Brasil (44%), Uruguay (30,2%), Chile (26,9%) o México (26,7%) y de varios países desarrollados (Canadá, Estados Unidos y Japón, entre otros). Sin embargo, estuvo por debajo de países desarrollados con extensos Estados de bienestar, como Francia (57,9%), Bélgica (54%) o Alemania (46,8%).
Este volumen relativamente alto de gasto público en Argentina responde, en parte, a la provisión de servicios sociales como salud, educación y jubilaciones. Pero también responde a otras partidas, como subsidios económicos e intereses de deuda, que han tenido fuerte peso en distintos períodos.
En 2023 el gasto público de Argentina fue mayor que el de países con el mismo nivel de desarrollo
En 2023, el PIB per cápita de Argentina fue cercano a los 27.000 dólares (ajustado por las diferencias en el costo de vida en los países, es decir, a paridad de poder adquisitivo), un nivel cercano a Chile o Costa Rica. Si bien el PIB per cápita de estos países es similar al de Argentina, hay diferencias importantes en el peso del gasto público. Mientras que en nuestro país superó el 40% del PIB, en estas otras naciones no llegó al 30%.
La mayoría de los países en donde el gasto público sobre el PIB supera el 40% son de altos ingresos. Por ejemplo, España, Japón o Reino Unido tienen niveles de gasto público similares a Argentina, pero su PIB per cápita se acerca a los USD 50.000. Esto significa que en 2023 Argentina gastó más de lo que se deriva de su nivel de desarrollo.
Argentina se caracteriza por tener un gasto público que reduce mucho la desigualdad
En buena parte del mundo, el sistema fiscal —es decir, los impuestos y el gasto público— ayuda a reducir la desigualdad. En muchos países se cobra relativamente más a quienes más tienen y, a su vez, se destinan recursos públicos a quienes menos tienen. Esto ocurre a través de distintos mecanismos: programas sociales, jubilaciones para personas sin ingresos o el acceso universal a servicios como la salud y la educación.
El gráfico anterior muestra cómo, en todos los países analizados, el índice de Gini (un indicador de desigualdad) baja después de la intervención del Estado. Es decir, la desigualdad del ingreso “de mercado” (antes de impuestos y transferencias) es más alta que la que queda después de que el Estado redistribuye. Pero el efecto varía mucho según el país: mientras en lugares como Costa de Marfil o Tayikistán la reducción es mínima, en otros como Sudáfrica, España y Argentina es muy significativa.
En el caso argentino, en 2017 el Gini de mercado era de 0,48 y, tras la intervención estatal, bajó a 0,31. Es decir, el Estado redujo la desigualdad en 0,17 puntos: una de las caídas más grandes entre todos los países del estudio, solo superada por Sudáfrica y España.
Que el Estado reduzca mucho la desigualdad no implica que la desigualdad final sea baja. En Argentina, la desigualdad inicial es alta, lo que hace que después de la intervención estatal, el Gini siga siendo mayor que en países como Ucrania, Bielorrusia, España o Croacia, que parten de una base más equitativa.
Otro punto clave: en Argentina, esta mejora no se debe tanto a un sistema fiscal progresivo y bien diseñado, sino más bien al gran tamaño del gasto público (López del Valle, 2021). Su sistema tributario es poco progresivo (en algunos casos incluso regresivo, como el IVA), y una parte del gasto llega a sectores que no lo necesitan —por ejemplo, los subsidios energéticos de los últimos años—.
Una parte del gasto público, como los subsidios a la energía, benefician a sectores que no lo necesitan
Si bien parte del gasto público está orientado a los sectores más pobres, también hay componentes importantes que benefician más a los sectores de mayores ingresos. Un caso típico son los subsidios a la energía (electricidad y gas de red), que representaron una porción significativa del gasto público en los últimos años.
Los dos gráficos muestran, para el año 2017, el impacto de los subsidios (no solo energéticos, sino también al transporte) en el ingreso de los hogares según decil, y cuánto del total del subsidio se lleva cada uno. Como se ve, los subsidios son al mismo tiempo progresivos y pro-ricos.
El gráfico de arriba muestra que son progresivos: los subsidios mejoran proporcionalmente más el ingreso de los más pobres que de los más ricos, y por eso ayudan a reducir la desigualdad. Pero a la vez benefician a los más ricos: en términos absolutos, los hogares de mayores ingresos concentran una mayor parte del gasto total en subsidios.
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Argentina es uno de los países con gasto fiscal más procíclico del mundo
En muchos países, el gasto público se usa como una herramienta para suavizar los ciclos económicos y así generar una economía más estable y previsible. En momentos de recesión, muchos países suelen gastar más para amortiguar la reducción de la actividad, mientras que contraen el gasto en momentos de auge, cuando el sector privado por sí solo es suficiente para empujar la actividad.
Para dar cuenta del tipo de comportamiento del gasto público puede estimarse la ciclicidad fiscal, que mide la correlación entre el gasto público y el PIB. Si el indicador es mayor a 0, significa que en ese país el gasto amplifica el ciclo económico, mientras que si es negativo implica que ese país tiende a aplicar políticas fiscales contracíclicas.
Como puede verse en el gráfico, la mayoría de las economías avanzadas tienden a aplicar políticas fiscales contracíclicas, mientras que las economías en desarrollo, generalmente, tienden a mostrar la tendencia opuesta. Esto significa que en los países en desarrollo la política fiscal no logra amortiguar los vaivenes de los ciclos, sino que los amplifica.
Argentina está entre los países más procíclicos del mundo, con un índice de ciclicidad fiscal de 0,72. Esta cifra es igual a la de Uruguay y ligeramente inferior a Letonia y Nicaragua. En el otro extremo, Singapur, Japón y Canadá son los países con gasto público más contracíclico, con un índice cercano a -0,80.
La alta prociclicidad del gasto público en Argentina puede explicarse por varios factores. A nivel interno, incide la debilidad institucional: si bien existen leyes de responsabilidad fiscal, su cumplimiento fue limitado y el gasto público estuvo influenciado en gran medida por el ciclo político más que por una planificación macroeconómica de largo plazo (Melamud, 2010; Lódola et al., 2024; Martino 2024). Sin embargo, este patrón no es exclusivo de Argentina, muchos países en desarrollo –incluso algunos con marcos fiscales relativamente sólidos, como Uruguay– también presentan un gasto procíclico. Esto sugiere que hay causas estructurales más profundas, como por ejemplo el acceso al financiamiento externo o la incidencia de los flujos de capital que tienden a ser procíclicos en los países en desarrollo.
Comparado con otros países, el Estado argentino ha gastado mucho en subsidios y poco en gastos de capital
El gasto de capital (formación bruta de capital) es el dinero que el Estado invierte en bienes duraderos, como infraestructura (rutas, hospitales, escuelas, etc.) y equipamiento (ambulancias, patrulleros, computadoras, etc.). Se considera que este gasto incrementa las posibilidades de crecimiento del país a largo plazo, porque al contar con mejores infraestructuras, máquinas y equipos, las personas trabajan con mayor eficiencia y generan más riqueza.
El Estado argentino viene invirtiendo poco en gastos de capital. En promedio en el período 2016-2021 destinó un 2% del PIB, un nivel bajo solo compartido por México, Costa Rica, Alemania y Brasil. Países como Estados Unidos y Japón gastaron en capital el 4% del PIB; por su parte, Suecia y Noruega destinaron un 5%.
En contraste, Argentina se ha caracterizado por un alto gasto en subsidios que, para el mismo período representa el 4% del PIB. Esta cifra es la más alta de todos los países considerados, con la sola excepción de Bélgica. A modo de referencia, en el resto de los países este rubro representa en torno al 1% del PIB. El elevado gasto en subsidios en los últimos años se explica por las transferencias destinadas a servicios públicos como la energía y el transporte. Los precios para los consumidores resultaron considerablemente inferiores al costo real de estos servicios.
En el resto de las categorías del gasto, Argentina está en una situación intermedia. El consumo del gobierno, que representa los gastos ligados al funcionamiento habitual (por ejemplo, administración pública, escuelas, hospitales, fuerzas de seguridad, etc.) representa un 17% del PIB, cifra más alta de la región después de Brasil, aunque por debajo de la mayoría de los países europeos (donde supera el 20%). Las prestaciones sociales, que incluyen gastos en jubilaciones y programas sociales, representan un 12% del PIB, nivel similar al de los países del Este Europeo, aunque menor a la mayoría de los países de Europa Occidental y Estados Unidos.
El gasto en intereses de la deuda (4% del PIB en Argentina) es mayor al de la mayoría de los países europeos y similar al de Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Italia y Grecia. Sin embargo, es notoriamente inferior a Brasil (8%), que es quien lidera en esta variable.
El gobierno nacional explica más de la mitad del gasto público en la actualidad
En Argentina, el gasto público está repartido de forma relativamente equilibrada entre el gobierno nacional (53%) y los gobiernos subnacionales (47%). Dentro de estos últimos, el 39% corresponde a las provincias y el 8% a los municipios. Esta distribución se debe al carácter federal del país, que implica que funciones clave como la educación, la salud, la seguridad y la justicia estén en manos de las provincias y, en parte, de los municipios.
Argentina se caracteriza por una baja centralización de sus gastos debido a su condición de país federal
Los países tienen grandes diferencias en la forma en que ejecutan el gasto. En países federales, este tiende a estar más descentralizado en los niveles subnacionales, mientras que en países unitarios es el gobierno nacional el que da cuenta de gran parte del gasto.
El ratio de centralización es un indicador que nos muestra qué porcentaje del gasto público está a cargo del gobierno nacional. Un porcentaje alto indica mayor centralización, mientras que un porcentaje bajo indica mayor descentralización de las funciones a nivel subnacional.
En 2023, el 53,3% del gasto público de Argentina fue ejecutado por el gobierno nacional y el 46,7% restante por los gobiernos subnacionales (provincias y municipios). Este 53,3% es una cifra baja en la comparativa internacional, y sólo menor a Canadá, Dinamarca, Suiza y Suecia. De estos países, Canadá y Suiza, al igual que Argentina, son países federales que tienden a delegar funciones en sus gobiernos locales.
El gobierno nacional explica más del 70% de los gastos en educación superior, ciencia y subsidios a la energía, mientras que las provincias se destacan en el gasto en educación básica, salud y justicia
Si bien el gobierno nacional representa el 53% del gasto público total y los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) el 47% restante, los porcentajes difieren enormemente según la función del gasto. En rubros como ciencia y técnica y educación superior, energía y combustible, trabajo, y previsión social el gobierno nacional representa más del 70% del gasto total. Esto se debe a que el gobierno nacional es quien financia a los principales organismos de ciencia del país (como el CONICET) y a las universidades nacionales, subsidia la energía de los hogares, y el grueso de las jubilaciones del país.
En contraste, las provincias representan más del 40% del gasto en educación básica (primaria y secundaria), salud y justicia. Esto se explica por la organización federal del país, en la que estas funciones son competencia de las provincias.
El gasto en defensa y seguridad se reparte entre Nación, que ejecuta el 34% correspondiente a defensa y a la Policía Federal, y provincias, el 64% restante corresponde a erogaciones en las policías provinciales.
Por último, los municipios explican el 8% del gasto público consolidado, y ganan peso en áreas como vivienda (46%) y en servicios de urbanismo (84%).
Las partidas presupuestarias del gasto con impacto en las brechas de género representan el 17% del gasto
Desde 2019, el gobierno nacional implementa el Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), una herramienta que busca identificar qué parte del gasto público contribuye a reducir desigualdades entre varones y mujeres: en lo económico, en los cuidados, en la autonomía física, entre otros.
Uno de los más importantes fue el de moratorias previsionales. ¿Por qué se considera parte del PPG? Porque la mayoría de sus beneficiarias son mujeres, que suelen tener trayectorias laborales más inestables por dedicar más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado.
En 2024, el 3,1% del PIB se destinó a políticas con enfoque de género (16,8% del presupuesto total). A modo de referencia, en 2021 ese número había sido del 4,1% del PIB (17,6% del presupuesto) y en 2023 del 3% del PIB (16,5% del presupuesto). En 2024, año de fuerte ajuste fiscal, la cantidad de programas etiquetados como PPG se redujo de 27 a 17. Sin embargo, el peso relativo del gasto se mantuvo, principalmente porque se preservaron partidas como la Asignación Universal por Hijo, que representa un 20% del gasto etiquetado.
Eso muestra que el enfoque del Estado para abordar desigualdades de género se centra fundamentalmente en las políticas sociales y de asistencia: jubilaciones, AUH y cuidados.
La evolución histórica del gasto público en Argentina
El gasto público de Argentina ha sido creciente en el largo plazo, aunque esta expansión no fue permanente ni homogénea. Hubo períodos de expansión sostenida (como entre fines de las décadas de 1910 y 1940, entre mediados de la década de 1990 y fines de la de 1990 y entre 2004 y 2016) y otros de fuerte retracción, como entre fines de la década de 1940 y principios de la de 1960, tras la salida de la convertibilidad en 2002 y, más recientemente, desde 2016. Si bien todavía no se dispone de datos de gasto público consolidado (Nación más provincias y municipios) de 2024, la evidencia parcial (solo gasto nacional) sugiere una fuerte caída del gasto consolidado en ese año.
El gasto público de Argentina ha sido creciente en el largo plazo
El gráfico muestra cómo evolucionó el gasto público en Argentina como porcentaje del PIB desde 1913. En aquel entonces, representaba el 11,9% del PIB; en 2023, alcanzó el 41,9%.Esta expansión se explica, en parte, por tres áreas clave: educación, salud y protección social (jubilaciones y asistencia social).
Este notable aumento del gasto público no fue constante ni persistente. Y, en muchos momentos, tampoco fue sostenible en términos fiscales. De hecho, pueden diferenciarse etapas con características bien distintas.
De acuerdo con Porto (2021), entre 1913 y 1930 el gasto era limitado (alrededor del 12% del PIB), flexible frente a las crisis y centrado en educación (principalmente primaria), seguridad y algunas obras públicas. Entre 1931 y 1943, el Estado asumió un rol más activo, ampliando el gasto en infraestructura, defensa y servicios sociales. Entre 1944 y 1960, se expandió fuertemente, alcanzando un pico en 1948 —año en que se canceló una parte importante de la deuda externa—, impulsado por la nacionalización de empresas estratégicas, la ampliación del sistema previsional y políticas redistributivas. El período cerró con crecientes desequilibrios fiscales.
Entre 1961 y 2003, el gasto mostró fuertes altibajos, con picos en momentos de crisis y posteriores ajustes. El período se caracterizó por la crisis del sistema previsional, el deterioro del sector público empresarial, el aumento de subsidios y una descentralización del gasto sin el financiamiento necesario, lo que generó tensiones fiscales entre nación y provincias.
Entre 2004 y 2016, tuvo lugar la expansión más significativa del período reciente: el gasto consolidado pasó del 27% al 47% del PIB, impulsado por la ampliación de la cobertura jubilatoria, los subsidios económicos, el empleo público y los programas sociales. Pero ese crecimiento se dio en paralelo a crecientes desequilibrios fiscales y una presión tributaria históricamente alta. Desde 2016, el país entró en una fase contractiva del gasto, en un contexto de fuertes restricciones fiscales.
En 2023 el gasto público representó 13 puntos porcentuales más del PIB que en 1980
En las últimas cuatro décadas, Argentina experimentó un importante crecimiento del gasto público consolidado: pasó de representar alrededor del 29% del PIB en 1980 a alcanzar el 41,9% en 2023, un aumento de casi 13 p. p. Este crecimiento no fue lineal, pueden distinguirse tres fases bien diferenciadas.
Entre 1980 y 2004, el gasto se mantuvo relativamente estable, en torno al 30% del PIB. Fue un período atravesado por crisis económicas, planes de ajuste y reestructuraciones de deuda.
A partir de 2004, en un contexto de políticas que veían al Estado como motor del desarrollo, comenzó una etapa de fuerte expansión, que llevó el gasto del 27% al 47% del PIB en 2016. Ese aumento se explicó por la ampliación de la cobertura previsional (a través de los “Planes de Inclusión Previsional” o moratorias, que permitieron incrementar el porcentaje de adultos mayores con jubilación del 60% en 2005 a más del 90% en la actualidad), el crecimiento de los subsidios a la energía y el transporte, mayores asignaciones a salud, educación y ciencia, y una mayor inversión en infraestructura.
En la comparación global para el período, Argentina fue el tercer país con mayor crecimiento del gasto público sobre el PIB, solo por detrás de Islas Salomón (+24,9 p.p) y Ecuador (+22,8 p.p).
Desde 2016 se inició un proceso de reducción del gasto con el objetivo de mejorar las cuentas fiscales, dado que el aumento previo no había sido acompañado por una suba equivalente de la recaudación, lo que generó déficits crecientes. Aunque el ajuste se sostuvo en los años siguientes, la pandemia de 2020 provocó un aumento excepcional del gasto para financiar medidas sanitarias, alcanzando el pico histórico de 47,4% del PIB. Tras la pandemia, el gasto creció menos que el PIB y, para 2023, se ubicó en torno al 42%.
En 2023, el gasto público per cápita fue 56% más alto que en 1980, aunque menor al pico histórico de 2015
La evolución del gasto público per cápita estuvo influida tanto por los ciclos económicos como por el rol asignado al Estado en cada período. Entre 1980 y 2002, el gasto per cápita tuvo un comportamiento claramente cíclico: cayó en años de recesión y devaluaciones (1982, 1988–90 y 2002) y se recuperó en etapas de estabilidad y crecimiento ( entre 1991 y 1998).
Entre 2002 y 2015, el gasto per cápita se multiplicó por 2,7, pasando del mínimo al máximo de la serie, en el marco de una estrategia que priorizó al Estado como motor de desarrollo y herramienta de redistribución. Luego se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2017, para caer con fuerza en 2018–2019, en un contexto de ajuste fiscal. Tras el aumento excepcional de 2020 por la pandemia, el gasto per cápita volvió a niveles similares a los de 2019. En 2023, fue un 56% mayor al de 1980, pero un 14% menor al pico de 2015.
La expansión del gasto público desde 1980 ha estado traccionada por el gasto social
Una de las formas en las que se clasifica el gasto público es por Finalidades, donde cada una presenta a la vez distintas funciones que dan cuenta precisamente de la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad. Hay cuatro grandes tipos: gasto social (aquí se incluye el gasto en jubilaciones, programas sociales, educación, salud, cultura, etc.), gasto en servicios económicos (como subsidios a la energía, el transporte, el agro y la industria), en funcionamiento del Estado (justicia, defensa y seguridad y administración general) y en intereses de la deuda.
Entre 1980 y 2023, el gasto social pasó del 14,5% del PIB al 28,2%, y fue la finalidad más relevante del gasto total en toda la serie. Respecto al PIB, el gasto social tuvo un mínimo del 10,9% en 1982 y un máximo del 32,8% en 2020 (año de la pandemia de coronavirus, que supuso gastos extraordinarios en políticas de contención como el Ingreso Familiar de Emergencia —IFE (D’Alessandro, 2022)— y en salud). El gasto social fue creciente desde 1980, salvo retrocesos específicos en contextos de fuerte devaluación de la moneda (como 1982 y 2002).
La continua expansión de la infraestructura de educación y salud pública y la fuerte expansión del gasto previsional entre 2004 y 2016 explican la sostenida suba del gasto social
En las últimas cuatro décadas, el gasto social en Argentina se duplicó en relación al tamaño de la economía: pasó del 14% del PIB en 1980 al 28% en 2023. Este crecimiento se explica, principalmente, por la expansión de tres áreas clave: previsión social, salud y educación.
La previsión social es el componente más relevante del período, creció del 5% al 10% del PIB, impulsado por la ampliación de la cobertura jubilatoria y la creación de nuevos programas de transferencia de ingresos (como la Asignación Universal por Hijo).
El gasto en salud también se duplicó y pasó del 3,2% al 6,3% del PIB, en el contexto de la expansión de la red hospitalaria en todo el país y una mayor atención a la población adulta mayor.
El gasto en educación, cultura, ciencia y técnica pasó de menos del 3% a casi el 6% del PIB, como resultado principalmente de la creciente masificación de la educación inicial, media y superior.
Otras áreas de menor peso relativo también aumentaron significativamente: la asistencia y promoción social (como políticas alimentarias o de empleo social) pasó de 0,8% a 2,8% del PIB; agua potable y saneamiento creció de 0,2% a 0,5%; y el área de trabajo (que incluye asignaciones familiares y seguro de desempleo) subió levemente, de 0,8% a 0,9%. Durante la pandemia de COVID-19, estos últimos dos rubros alcanzaron picos excepcionales: 3,2% en asistencia social y 2,3% en trabajo.
Los subsidios a la energía y el transporte y el pago de intereses de la deuda estuvieron entre las funciones del gasto consolidado con mayores fluctuaciones desde 1980
Desde 1980, hay tres rubros del gasto público que han mostrado grandes altibajos en relación al tamaño de la economía: los subsidios a la energía, los subsidios al transporte y los pagos de deuda (también llamados “servicios de la deuda”). A diferencia de otras áreas como educación o jubilaciones, se pueden ajustar o variar con más facilidad según el contexto político y económico, como en los siguientes casos.
- Deuda pública: en 1982, en plena crisis de la deuda latinoamericana, los pagos por intereses superaron el 6% del PIB. Volvieron a dispararse en crisis de endeudamiento como 2001 y 2018, en ambos casos por encima del 5%. En años de menores tensiones financieras, rondaron entre 2 y 3% del PIB.
- Subsidios a la energía: cayeron fuerte en la década de 1990, tras las privatizaciones y un enfoque de política que buscó que los usuarios pagaran el precio real de las tarifas. Desde mediados de los 2000 volvieron a subir de forma sostenida: se buscó mejorar el poder adquisitivo congelando tarifas, lo que implicó mayores subsidios del Estado. El gasto alcanzó un pico en 2014 (más del 4% del PIB). Entre 2016 y 2019 volvió a bajar, con un nuevo gobierno que priorizó reducir el déficit fiscal.
- Subsidios al transporte: tuvieron menos vaivenes que los energéticos, pero también crecieron significativamente entre 2002 y 2011. Al igual que en el caso de la energía, fueron una herramienta para reforzar el ingreso disponible de los hogares a través del congelamiento de tarifas.
El gasto público nacional ha explicado históricamente más de la mitad del gasto total, pero esa cifra cayó tras la descentralización de funciones de inicios de la década de 1990
Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno nacional dio cuenta de más de la mitad del gasto público total. Sin embargo, en 1980 esa cifra era del 65%, mientras que en 2023 fue de 53%. En contraste, las provincias pasaron del 28% al 38%, y los municipios del 5% al 8%.
Esta caída se explica mayormente por lo ocurrido a principios de la década de 1990, cuando se transfirió a las provincias gran parte del gasto en educación y salud. En efecto, mientras que en 1980 el 48% del gasto en educación y el 60% en salud lo explicaba Nación, para 2023 esa cifra fue del 25% y 50% respectivamente.
En 2024 el gasto público de la Administración Pública Nacional cayó a los niveles de 2005
2024 fue un año de fuerte ajuste fiscal, impulsado por el gobierno de Javier Milei como condición para estabilizar la macroeconomía. Todavía no hay datos oficiales del gasto público consolidado (que incluye Nación, provincias y municipios), pero sí se puede observar qué pasó con el gasto de la Administración Pública Nacional (APN), que concentra la mayor parte del gasto “nacional” y suele marcar la tendencia general.
Como muestra el gráfico, el gasto de la APN cayó del 19,9% del PIB en 2023 a poco más del 15,5% en 2024, una baja de 4,4 p. p. En 2024, el gasto de la APN fue casi 10 p. p. más bajo que en 2016, y se ubicó en niveles similares a los de 2005. De este modo, todo indica que el gasto público consolidado también se redujo con fuerza en 2024 y que se ubicó en los niveles más bajos en al menos 15 años.
Todos los rubros del gasto de la Administración Pública Nacional se redujeron en 2024, aunque en distinta medida
Entre 2023 y 2024, el gasto público de la APN se contrajo del 19,9% del PIB al 15,5%. Esta reducción fue transversal a todas las finalidades del gasto, aunque con diferente magnitud: más profundas en la administración gubernamental y los servicios económicos (-42% y -40% en términos relativos) y más moderadas en los servicios sociales (-18%) y la defensa y seguridad y deuda pública (-11%).
Los servicios sociales, que representan la mayor parte del gasto de la APN, pasaron del 13% al 10,6% del PIB, principalmente por la caída en el gasto previsional y, en menor medida, en educación superior, cultura y ciencia, programas sociales como Potenciar Trabajo y obras de vivienda y urbanismo.
El gasto en servicios económicos bajó del 3% al 1,8% del PIB, el nivel más bajo desde 2004, motivado por la reducción de subsidios a la energía y el transporte, el freno a la obra pública en vialidad y los recortes en programas de apoyo a la industria y el agro.
En tanto, el gasto en defensa y seguridad bajó levemente del 0,9% al 0,8% del PIB, principalmente por el ajuste salarial al personal. El gasto en administración gubernamental cayó de 1,2% a 0,7% del PIB, debido a recortes de sueldos y reducción de la planta estatal. En ambos casos, se trata del valor más bajo desde al menos 2004. Por último, la reducción en los servicios de la deuda se debe a las menores necesidades de financiamiento (producto del ajuste fiscal) y a que las tasas de interés reales fueron muy negativas a principios de ese año.
La evolución del gasto público en el mundo
El gasto público creció en todo el mundo a lo largo del siglo XX. Más allá de aumentos bruscos vinculados a las grandes guerras (como la Primera y la Segunda Guerra Mundial en los países beligerantes), la tendencia general fue claramente alcista, especialmente entre 1945 y 1980. Desde entonces, el gasto como porcentaje del PIB tendió a estabilizarse, aunque con diferencias según cada país.
La tendencia de largo plazo hacia un mayor gasto público no es un fenómeno de Argentina sino que se dio en gran parte del mundo
A comienzos del siglo XX, el gasto público era muy bajo y en ningún país superaba el 20% del PIB. Por entonces, su rol se limitaba a funciones básicas: garantizar el orden, proteger la propiedad y, en algunos casos, brindar educación primaria (Ortiz Ospina et al., 2018).
Entre 1914 y 1945, el gasto público fue muy volátil, especialmente en los países involucrados en las dos guerras mundiales. Durante los conflictos, el gasto se disparó a niveles inéditos en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, por el enorme esfuerzo destinado a la defensa.
A partir de 1945, y hasta la década de 1980, el gasto se expandió de manera sostenida en buena parte del mundo, impulsado por el auge del Estado de bienestar. Muchos países —especialmente los desarrollados— empezaron a brindar nuevas prestaciones a la ciudadanía, como salud, educación y seguridad social. También creció la inversión pública. América Latina siguió una trayectoria similar, aunque con menor magnitud. A modo de ejemplo, en 1970 el gasto público era cercano al 40% del PIB en países como Reino Unido, Austria, Alemania, Noruega y Canadá, mientras que en Argentina era del 25% y en Brasil y México de apenas el 11%.
Desde los años ‘80, el gasto público en relación al PIB en los países desarrollados tendió a estabilizarse en niveles altos y, en la actualidad, representa 45% del PIB en países como Alemania y el Reino Unido. En América Latina, el gasto sigue siendo más bajo, aunque con una tendencia creciente. México, por ejemplo, destina hoy cerca del 28% del PIB, 17 p.p. más que en 1970. Argentina y Brasil, en cambio, alcanzaron niveles de gasto público similares a los de los países desarrollados, con cifras por encima del 40% del PIB.
En la última década, Argentina fue uno de los países que más aumentó su gasto social en relación al PIB
Entre 2010 y 2018, el gasto social en Argentina creció con fuerza: pasó del 18,4% al 22,3% del PIB, una suba de casi 4 puntos.
Con la excepción de Costa Rica, ningún otro país con datos disponibles aumentó su gasto social en una proporción similar. Esta expansión puede asociarse a decisiones políticas orientadas a ampliar la inclusión social y fortalecer los sistemas públicos de salud, educación y transferencias como jubilaciones y programas sociales.
Sin embargo, este aumento del gasto no fue acompañado por un crecimiento equivalente de los ingresos del Estado, lo que generó un mayor déficit fiscal. A partir de 2018, comenzó un proceso de recorte del gasto social en Argentina, que continúa hasta hoy. Ese retroceso no se refleja en el gráfico porque la serie disponible llega solo hasta 2018.
Referencias
Bibliografía
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Cita sugerida
Fernández Erlauer, M., Villafañe, M. F., Schteingart, D. (2025). Gasto público. Argendata. Fundar.
