El sistema tributario argentino
La estructura tributaria argentina se apoya fuertemente en impuestos indirectos—como el impuesto al valor agregado y los ingresos brutos—, mientras que los tributos sobre ingresos y patrimonio tienen un peso comparativamente menor. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la eficiencia del sistema. ¿Cómo se compone la estructura tributaria argentina? ¿Qué tan progresiva es la carga tributaria? ¿Cómo se compara Argentina con otros países de la región y del mundo?
Argentina tiene una presión tributaria alta para su nivel de desarrollo, pero inferior a la de países desarrollados
La presión tributaria mide cuánto recauda el Estado en relación con el tamaño de la economía. En general, los países más ricos recaudan y gastan una mayor proporción de sus ingresos: tienen mayor capacidad administrativa, economías más formales y suelen ofrecer una gama más amplia de servicios y prestaciones públicas.
Argentina, con una presión del 27,6% del PIB en 2024, se ubica por encima del promedio de América Latina y el Caribe (21,7%) y de los países en desarrollo. De hecho, es el segundo país latinoamericano con mayor presión tributaria, detrás de Brasil (33,7%), y se acerca al promedio de los países de la OCDE (34,1%), un grupo integrado mayormente por economías desarrolladas.
Esta comparación subestima la carga real que soporta el sector formal, dado que la economía argentina tiene una proporción significativa de actividad informal. Si se considera el PIB descontando la economía informal y las ramas que no tributan (administración pública, educación y salud pública, y alquileres imputados), la presión tributaria sobre el sector formal aumenta hasta el 42,4% en 2021 (Fundar, 2024), porcentaje que supera el promedio de la OCDE.
Incorporar al sistema tributario a la porción de la economía que opera en la informalidad permitiría fortalecer la recaudación sin necesidad de aumentar impuestos y distribuir esa carga de manera más equitativa. Si bien la informalidad responde a múltiples factores, la propia estructura tributaria argentina contribuye al problema.
El sistema tributario argentino está concentrado en impuestos indirectos
A grandes rasgos, los tributos pueden clasificarse en tres categorías: impuestos directos, indirectos y contribuciones a la seguridad social.
Los impuestos directos gravan la capacidad contributiva de las personas o empresas de forma inmediata: recaen sobre los ingresos (como Ganancias) o sobre el patrimonio (como Bienes Personales). Los impuestos indirectos, en cambio, gravan a las personas de manera menos inmediata, ya que toman como base imponible variables relacionadas con su capacidad contributiva, pero que no la representan de manera directa, como el consumo o las exportaciones. Por último, las contribuciones a la seguridad social financian el sistema previsional y se calculan como un porcentaje de los ingresos.
En Argentina, la estructura tributaria exhibe un marcado sesgo hacia la imposición indirecta, en detrimento de la directa. Como se visualiza en el gráfico, el peso relativo de los impuestos indirectos (color azul) sobre el total recaudado supera al promedio y a la mayoría de los países de América Latina, y es considerablemente mayor que en los países de la OCDE. En contraste, los impuestos directos (colores verdes) tienen una participación relativa menor en la comparación internacional. Por último, las contribuciones a la seguridad social superan levemente el promedio de América Latina, aunque se ubican por debajo de los países de la OCDE. Esto último se debe principalmente a la mayor informalidad existente en los países en desarrollo.
La concentración de la recaudación tributaria argentina en impuestos indirectos no se explica tanto por el impuesto al valor agregado (IVA) —presente en prácticamente todos los sistemas tributarios—, sino más bien por el uso de otros tributos indirectos poco habituales en el resto del mundo: el impuesto a los débitos y créditos bancarios (conocido como “impuesto al cheque”), los derechos de exportación (retenciones) y el impuesto provincial a los ingresos brutos.
El sistema tributario argentino es regresivo
Un sistema tributario es regresivo cuando las personas de menores ingresos destinan al pago de impuestos un porcentaje mayor de lo que ganan en comparación con las de mayores ingresos. Lo opuesto es un sistema progresivo: aquel en el que quienes más ganan pagan proporcionalmente más.
Los sistemas centrados en impuestos indirectos, como el argentino, tienden a ser regresivos porque las familias de menores ingresos destinan una proporción considerable de lo que ganan al consumo, que es la base imponible del IVA, principal impuesto indirecto (en el caso argentino se debería agregar también el impuesto en cascada a los Ingresos Brutos). Por ejemplo, bajo el supuesto de que todo el consumo se da en la formalidad, con una alícuota del 21%, una familia de bajos ingresos que gasta la totalidad de su ingreso termina pagando ese mismo 21% en IVA. En cambio, una familia de altos ingresos que sólo gasta la mitad y ahorra el resto paga el 10,5% (el 50% de 21%).
En Argentina, las familias del decil 1 (10% de menores ingresos), pagan más del 35% de sus ingresos en impuestos, porcentaje que decrece a medida que se avanza hacia deciles más altos. En efecto, el decil 10 (10% de mayores ingresos) paga menos del 25% de sus ingresos en impuestos.
La desagregación por tipo de impuesto revela el origen de esta regresividad: el IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos indirectos son claramente regresivos, mientras que los impuestos a los ingresos (ganancias de personas físicas y jurídicas) son progresivos y, de hecho, son el motivo por el cual el decil 10 paga un porcentaje mayor que el 9. Las contribuciones a la seguridad social muestran un comportamiento mixto: son progresivas hasta el decil 4, luego oscilan y terminan siendo regresivas, ya que el decil 10 paga un porcentaje menor incluso que el decil 2, debido a que los aportes tienen un tope nominal.
En definitiva, para que el sistema tributario argentino sea más progresivo es necesario aumentar el peso de los impuestos directos y reducir el de los indirectos.
La recaudación tributaria en Argentina está descentralizada, aunque en menor medida que el gasto
Argentina es un país federal: la autoridad se distribuye entre la Nación, las provincias y los municipios. Cada nivel de gobierno tiene autonomía para diseñar políticas públicas y recaudar tributos, aunque no todos pueden cobrar los mismos impuestos.
La Constitución Nacional establece cómo se reparten esas facultades. Los impuestos al comercio exterior —como los derechos de importación y exportación— corresponden exclusivamente a la Nación. En cambio, tanto la Nación como las provincias pueden cobrar impuestos indirectos, que gravan el consumo, las ventas o las transacciones. Por eso se dice que tienen una potestad concurrente: ambos niveles pueden aplicar este tipo de tributos de manera permanente. Los impuestos directos, que recaen sobre los ingresos o el patrimonio, corresponden en principio a las provincias. La Nación solo puede cobrarlos de manera transitoria y excepcional, cuando lo exijan la defensa, la seguridad común o el bienestar general (aunque esta excepcionalidad se convirtió en la norma).
Las facultades de los municipios dependen de lo que establezca cada provincia en su Constitución y, en la práctica, sus principales recursos propios suelen ser tasas vinculadas con la prestación de servicios concretos.
El carácter federal de Argentina hace que tenga un sistema tributario descentralizado. El 17,4% de la recaudación total corresponde a los gobiernos subnacionales, una proporción que ubica al país en el segundo lugar de América Latina, detrás de Brasil.
Sin embargo, las provincias y los municipios tienen una participación todavía mayor en el gasto público: en conjunto, ejecutan casi la mitad del total. Esto genera una brecha entre lo que recaudan por cuenta propia y lo que gastan.
La coparticipación federal surgió para cubrir y administrar esa diferencia. A través de este sistema, una parte de los impuestos recaudados por la Nación se distribuye entre las provincias. El régimen vigente, sin embargo, se basa en una ley de 1988. La reforma constitucional de 1994 ordenó reemplazarla por un nuevo esquema en un plazo de dos años, pero ese mandato todavía no se cumplió.
La dependencia de recursos coparticipables varía fuertemente entre provincias
La dependencia de los recursos coparticipables varía fuertemente entre provincias. En un extremo está CABA: el 87,8% de sus recursos totales los recauda de manera directa, mientras que sólo el 12,2% viene de la coparticipación. En el otro, Formosa: sólo recauda de manera directa el 7,8% de sus recursos totales, mientras que el 92,2% provienen de la coparticipación. Entre ambos, una nube de provincias algo dispersa pero que sigue un patrón: una relación directa entre el nivel de desarrollo provincial —medido por el Producto Bruto Geográfico per cápita— y el porcentaje de recursos propios.
Esto plantea una tensión genuina entre el imperativo de igualdad territorial y los incentivos a recaudar. Uno de los objetivos centrales de la coparticipación es que las provincias menos desarrolladas reciban una porción mayor de fondos para poder ofrecer bienes y servicios públicos en cantidad y calidad comparable al resto.
Pero cuando la dependencia de los recursos coparticipados es muy alta, gastar deja de tener el costo político de cobrar: los gobiernos enfrentan una “restricción presupuestaria débil”; es decir, se financian con tributos recaudados por otros, son menos cuidadosos en sus gastos y pierden interés en mejorar su administración tributaria local (Porto, 2009; Prud’homme (1995); Rodden, Eskeland y Litvack, 2003). Mejorar la correspondencia fiscal entre quienes recaudan y quienes gastan genera incentivos para recaudar bien y mejor.
En última instancia, se trata de diseñar transferencias que compensen las brechas estructurales sin desincentivar la recaudación.
Existe una alta descoordinación tributaria vertical entre nación y provincias, y horizontal entre las provincias
La discusión sobre el federalismo fiscal argentino suele concentrarse en la coparticipación: cuánto recauda la Nación y cuánto dinero recibe cada provincia. Pero la coordinación tributaria entre los distintos niveles de gobierno abarca otros problemas igualmente importantes.
El primero es definir qué impuestos puede cobrar cada nivel de gobierno (la llamada “coordinación vertical”). Cuando la Nación, una provincia y un municipio gravan una misma actividad o una misma fuente de ingresos, las cargas pueden acumularse sobre el mismo contribuyente. Coordinar estos impuestos ayuda a evitar superposiciones y a que el sistema sea más previsible.
El segundo problema aparece entre las propias provincias (lo que se llama “coordinación horizontal”). Cada una decide qué actividades grava, qué tasas aplica y qué mecanismos utiliza para cobrar. Cuando estas reglas varían demasiado, una empresa puede enfrentar costos impositivos muy distintos según la provincia en la que produzca, venda o se instale. Esto influye sobre las decisiones de inversión y puede dificultar la integración del mercado nacional.
El tercer desafío surge cuando una actividad económica atraviesa varias jurisdicciones. Una empresa puede producir en una provincia, transportar sus mercaderías por otra y venderlas en una tercera. En esos casos, hace falta determinar qué parte de la actividad puede gravar cada provincia. El Convenio Multilateral establece reglas para distribuir esa base tributaria, aunque no elimina las diferencias de tasas y criterios entre jurisdicciones.
La Argentina está lejos de tener un sistema tributario provincial armonizado. El impuesto sobre los Ingresos Brutos explica cerca del 85% de la recaudación tributaria propia de las provincias, pero su peso sobre la economía provincial varía mucho: equivale al 1,8% del producto bruto geográfico (PBG) en Santiago del Estero y al 11,7% en Misiones. También hay fuertes diferencias provinciales en las actividades alcanzadas, las tasas y los mecanismos de cobro anticipado (las llamadas “percepciones”).
Estas diferencias generan costos adicionales para las empresas que operan en varias provincias y, en algunos casos, funcionan como verdaderas “aduanas internas”: barreras tributarias que fragmentan el mercado argentino.
La estructura tributaria argentina es distorsiva e incentiva la informalidad
Un impuesto se considera distorsivo cuando modifica de manera significativa las decisiones de las personas y las empresas: qué producir, dónde invertir, cómo pagar o a qué mercado vender. Todos los impuestos alteran en alguna medida los incentivos económicos, pero algunos generan efectos más intensos que otros.
En Argentina, los impuestos considerados más distorsivos tienen un peso especialmente elevado en comparación con otros países de América Latina y de la OCDE. Esto se explica, en buena medida, por la importancia de algunos tributos poco frecuentes en otros sistemas fiscales.
Los derechos de exportación, conocidos como retenciones, reducen el precio que recibe quien exporta. De ese modo, influyen sobre la decisión de vender en el mercado externo o en el interno y pueden desalentar la producción de los bienes alcanzados.
El impuesto a los débitos y créditos bancarios —o impuesto al cheque— grava los movimientos realizados a través de cuentas bancarias. Esto encarece la bancarización e incentiva el uso de efectivo o de mecanismos informales para evitar el tributo.
El impuesto sobre los Ingresos Brutos se cobra sobre las ventas en cada etapa de la cadena productiva, sin descontar lo pagado en las etapas anteriores. Por eso se lo conoce como un impuesto “en cascada”: la carga se acumula a medida que el producto pasa de una empresa a otra. Este diseño puede incentivar que una misma firma se integre verticalmente (es decir, concentre varias etapas de producción), aunque eso no sea la forma más eficiente de organizar la actividad productiva.
Los aranceles a las importaciones, por su parte, encarecen los productos importados frente a los nacionales. Son habituales en muchos países y pueden utilizarse con objetivos productivos (como promover la industria local). Sin embargo, cuando son elevados o se aplican sin una estrategia clara también pueden reducir la competencia, aumentar los costos y modificar las decisiones de consumidores y empresas.
El impuesto al valor agregado es el impuesto que más recauda, pero la evasión es muy elevada en Argentina
El IVA es el tributo que más recauda en Argentina: representa cerca de una cuarta parte de los ingresos tributarios totales.
Es un impuesto que se aplica en cada etapa de la producción y la comercialización, y termina impactando en el consumo. Las empresas pagan IVA cuando compran insumos y cobran IVA cuando venden sus productos. Luego descuentan el impuesto que ya pagaron del que cobraron y entregan la diferencia a la agencia tributaria.
Este mecanismo evita que el impuesto se acumule en cada etapa de la cadena. Por eso, el IVA suele generar menos distorsiones que otros impuestos sobre las ventas, como Ingresos Brutos. Aunque lo pagan y declaran las empresas, una parte importante de su costo termina incorporándose al precio que paga el consumidor final.
El IVA también cumple una función de control. Para descontar el impuesto pagado en sus compras, las empresas necesitan registrar esas operaciones y pedir facturas a sus proveedores. Esto genera incentivos para formalizar las transacciones y deja información que la agencia tributaria puede utilizar para controlar otros impuestos, como Ganancias.
Sin embargo, para que este mecanismo funcione, el IVA debe recaudar de manera efectiva. La recaudación puede perderse por dos vías. La primera es la evasión: operaciones que no se declaran o facturas que no se emiten (ineficiencia X). La segunda son las exenciones y las alícuotas reducidas, que el Estado establece para determinadas actividades, bienes o servicios ( ineficiencia GT).
En Argentina, la capacidad del IVA para recaudar todo su potencial es baja en comparación con otros países de la región, principalmente por la evasión. A su vez, las exenciones y las tasas reducidas pueden volver el sistema más complejo y facilitar abusos: algunas actividades intentan presentarse como beneficiarias de un tratamiento preferencial que no les corresponde.
El impuesto a las Ganancias recauda relativamente poco y trata de manera desigual a personas con ingresos similares
En Argentina, el impuesto a los ingresos de las personas y las empresas —denominado impuesto a las Ganancias— representa una proporción de la recaudación total y del PIB sensiblemente menor que en los países de la OCDE y también inferior al promedio de América Latina. Su bajo peso es uno de los factores que explican la regresividad del sistema tributario argentino. Al recaudar relativamente poco mediante impuestos directos, una parte mayor de la carga recae sobre impuestos indirectos, que afectan proporcionalmente más a quienes tienen menores ingresos. A su vez, fortalecer la tributación sobre los ingresos podría generar recursos para reducir impuestos indirectos más distorsivos.
En el caso de las personas, conviven tres regímenes que generan importantes desigualdades horizontales. Esto significa que un monotributista, un asalariado y un trabajador independiente inscripto en el régimen general pueden tener ingresos similares y, sin embargo, pagar cargas tributarias muy diferentes.
El monotributo es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes que reúne en un único pago el IVA, Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social. Su carga es considerablemente menor que la del régimen general, lo que facilita la formalización de actividades pequeñas. Sin embargo, la diferencia entre ambos regímenes también genera incentivos para no superar el límite máximo de facturación, subdeclarar ingresos o dividir artificialmente una actividad para permanecer dentro del monotributo. Además, el régimen del monotributo puede utilizarse para encubrir relaciones laborales asalariadas.
Por su lado, entre los asalariados, el mínimo a partir del cual se comienza a pagar Ganancias es elevado en la comparación internacional. Esto deja fuera del impuesto a la mayoría de los trabajadores y limita su capacidad recaudatoria y redistributiva. También amplía las diferencias con los trabajadores independientes que obtienen ingresos similares y están inscriptos en el régimen general, en donde la carga tributaria es la mayor de todas para un mismo nivel de ingresos.
En cuanto a las empresas, Argentina aplica una escala progresiva con tres alícuotas marginales —25%, 30% y 35%— según el nivel de ganancias: cada alícuota más alta recae solo sobre la porción de ganancia que supera el límite del tramo anterior. El objetivo es que las empresas con mayores beneficios realicen una contribución proporcionalmente mayor. Ahora bien, este esquema convive con tratamientos especiales, deducciones y diferencias de tratamiento entre formas jurídicas que abren márgenes de planificación tributaria y elusión.
Los impuestos al patrimonio no son elevados en Argentina
Contrariamente a lo que muchas veces se afirma, los impuestos al patrimonio en Argentina no son elevados a nivel internacional. Es importante señalar que no se consideran los impuestos a las transacciones financieras, ya que en el caso argentino el impuesto a los créditos y débitos bancarios (conocido como “impuesto al cheque”) no grava el patrimonio sino las operaciones bancarias.
En cambio, sí se incluyen los impuestos a los bienes inmuebles y a los vehículos automotores, que en Argentina son de jurisdicción provincial. La baja presión de estos impuestos, en particular del inmobiliario, se explica en buena medida porque las valuaciones fiscales de los inmuebles son muy inferiores a sus valores de mercado y, en menor medida, por la exención que opera sobre los inmuebles rurales en el impuesto a los Bienes Personales.
Además, en 2024 se implementó una importante reforma del impuesto sobre los Bienes Personales —el principal tributo nacional al patrimonio—, la cual redujo las alícuotas y creó el Régimen Especial de Bienes Personales (REIBP), a través del cual quienes adhirieron pagaron cinco años del impuesto por adelantado a cambio de quince años de estabilidad tributaria. Esta reforma representa una oportunidad perdida para hacer más progresivo al sistema tributario argentino, dado que debilitó el principal impuesto directo que grava la riqueza.
Los tributos al trabajo no son elevados en Argentina, menos aún cuando se los analiza en conjunto con el impuesto a los ingresos
Los tributos al trabajo —aportes personales y contribuciones patronales a la seguridad social— muestran una gran variabilidad entre países. Argentina se ubica en una zona media: hay países con una carga sobre el trabajo más elevada y otros con un peso menor.
En el régimen general vigente, cada trabajador aporta el 17% de su salario bruto (11% al sistema previsional, 3% al INSSJP-PAMI y 3% a obras sociales). Las contribuciones patronales varían según tamaño y sector: 20,4% para grandes empresas de comercio y servicios, y 18% para el resto, más un 6% para obras sociales y el costo de la ART (2,9% en promedio, aunque con fuertes diferencias por tamaño de empresa). Tanto aportes como contribuciones están sujetos a topes de base imponible, lo que introduce un sesgo regresivo: los trabajadores de ingresos más altos terminan pagando un porcentaje efectivo menor que los de ingresos medios.
A partir de la Ley de Modernización Laboral de 2026 (27.802) se creó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financia indemnizaciones por despido mediante una contribución patronal obligatoria (1% para grandes empresas, 2,5% para MiPyMEs) compensada con una reducción equivalente de las contribuciones al sistema previsional. Este cambio implica que, en los hechos, el Estado deja de recaudar recursos de la seguridad social para financiar costos de rotación laboral, tensionando la sostenibilidad del financiamiento previsional.
En Argentina, los tributos al trabajo no son particularmente elevados, menos aún cuando se los analiza junto con los impuestos a los ingresos de las personas físicas, los cuales gravan la misma base imponible. Como en Argentina el impuesto a las ganancias de personas físicas tiene un peso muy bajo, la carga total sobre el trabajo resulta menor de lo que suele percibirse en la comparación internacional, y recae de forma más concentrada en los tramos medios de ingreso.
El sistema tributario argentino incrementa la desigualdad en la distribución del ingreso
El sistema tributario argentino, al ser regresivo, empeora la distribución del ingreso. La brecha de ingresos medida con el coeficiente de Gini —indicador de distribución del ingreso que toma valores entre cero y uno, donde los valores más cercanos a cero refieren a una economía más igualitaria— aumenta tras la intervención: 0,484 antes del pago de impuestos al 0,493 después de descontar impuestos directos e indirectos. Más en detalle, el indicador mejora cuando se pasa del ingreso bruto al ingreso disponible —es decir, después del pago de impuestos directos (0,471)—, pero esa mejora se ve más que compensada al pasar al ingreso consumible (0,493), por el deterioro que introduce el pago de impuestos indirectos.
Este patrón es frecuente en América Latina. Los sistemas tributarios de Bolivia, Brasil, Chile y República Dominicana también generan un deterioro en la distribución del ingreso. Sin embargo, en Colombia, Honduras, México y Perú, los sistemas tributarios mejoran la distribución del ingreso.
Para observar el efecto del sistema fiscal en su conjunto sobre la distribución del ingreso es necesario incorporar qué se hace con la recaudación tributaria, es decir, incorporar al gasto. En ese caso, Argentina se caracteriza por tener un gasto público que reduce mucho la desigualdad, no tanto por su carácter progresivo como por su magnitud.
La evasión tributaria en Argentina es elevada con relación al resto del mundo
Medir la evasión es un problema complejo: como las prácticas evasivas no quedan registradas, los datos disponibles son siempre aproximaciones indirectas. Dentro de esa escasez de información, las estimaciones de cuánto es la recaudación efectiva en relación a la potencial (eficiencia recaudatoria) permiten aproximarse al fenómeno. El indicador compara la recaudación potencial —lo que un impuesto debería generar si todos los contribuyentes tributaran aplicando la alícuota legal sobre la totalidad de la base imponible— con la recaudación efectiva. El cociente entre ambas es la eficiencia; el complemento, la ineficiencia.
Esa ineficiencia se descompone en dos. La Ineficiencia X mide la recaudación que se pierde por evasión; la Ineficiencia GT es la recaudación a la que el Estado renuncia de manera voluntaria a través de tratamientos preferenciales que componen el gasto tributario.
En Argentina, la ineficiencia recaudatoria no se explica por el gasto tributario, sino por la evasión. En el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) —que se corresponde con el Impuesto a las Ganancias de sociedades—, la eficiencia apenas supera el 27% y casi la totalidad de la ineficiencia se explica por la evasión, que marca el valor más alto de los países seleccionados. En el caso del IVA, la eficiencia recaudatoria es algo mayor y la evasión alcanza al 43,7% de la recaudación potencial, la segunda más elevada de la muestra. Tomando ambos tributos, la pérdida combinada de recaudación equivale a alrededor de 8 puntos del PIB.
Si bien la evasión suele asociarse con la falta de registro, varios países de la región con niveles de informalidad más elevados que el argentino exhiben una ineficiencia por evasión menor. Un factor clave detrás de esta anomalía es la evasión fiscal en el segmento de contribuyentes de alto poder adquisitivo: Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales. Entre 2015 y 2020, la recaudación perdida por el traslado de beneficios de empresas argentinas a esas jurisdicciones prácticamente se duplicó (ETFE).
Las empresas encuentran complejo y costoso el cumplimiento tributario en Argentina
Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno —nación, provincias y municipios—, y los tres tienen potestades tributarias. Esa arquitectura multiplica las obligaciones del contribuyente, que puede tributar en simultáneo Ganancias, IVA y aportes a la seguridad social a nivel nacional; Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor a nivel provincial; y distintas tasas a nivel municipal. Sin embargo, existen herramientas para facilitar el cumplimiento del contribuyente aún en un contexto federal. Un ejemplo de ello es el Monotributo Unificado, presente en varias provincias, que incorpora en un solo pago tributos nacionales (Ganancias, IVA, aportes jubilatorios y obra social) y provinciales (Ingresos Brutos).
Para medir cuán compleja y costosa es la tarea de cumplir con las obligaciones tributarias para las empresas, utilizamos el score de Paying Taxes del Banco Mundial (del proyecto Doing Business). El indicador toma como referencia a una empresa mediana estandarizada y combina cuatro dimensiones: la cantidad de pagos que debe realizar por año, las horas que le insume liquidar impuestos, la tasa total sobre las utilidades comerciales y un índice post-declaración vinculado al reintegro de IVA y a las correcciones del impuesto a las ganancias. El puntaje va de 0 (peor desempeño) a 100 (mejor).
Argentina se ubica entre los países latinoamericanos donde más difícil y costoso es cumplir con las obligaciones fiscales: sólo Brasil y Bolivia registran un score más bajo. La brecha con los países de altos ingresos de la OCDE es esperable, pero la existente con México, Chile y Costa Rica —también economías en desarrollo de la región— indica que la complejidad no es un destino inevitable para un país en desarrollo, sino un rasgo del diseño y la gestión del sistema tributario argentino.
Argentina presenta un nivel de gasto tributario moderado a nivel internacional
El gasto tributario es la recaudación que el Estado resigna al otorgar tratamientos preferenciales dentro del sistema impositivo: exenciones, alícuotas reducidas, deducciones o regímenes de promoción. Aunque no figura como una erogación en el presupuesto, funciona en la práctica como un subsidio indirecto —el fisco deja de percibir esos recursos para beneficiar a determinadas actividades, regiones o contribuyentes.
En la comparación internacional, Argentina no se destaca por un nivel alto: en 2025 el gasto tributario rondó el 3,4% del PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE (4,9%) y bien por debajo del de América Latina y el Caribe (6,4%).
Que no sea alto en la comparación no significa que no haya margen —ni necesidad— de reducirlo. Por un lado, toda exención o alícuota diferencial abre la puerta a la evasión y a maniobras de planificación fiscal. Por eso, cada tratamiento especial debería estar debidamente justificado, monitoreado y evaluado de manera periódica, algo que hoy prácticamente no ocurre.
Por otro lado, Argentina tiene poco espacio fiscal: convive una presión tributaria elevada con bienes públicos que muchas veces resultan insuficientes. En ese contexto, revisar el gasto tributario aparece como una alternativa para generar recursos sin crear nuevos impuestos, subir alícuotas ni recortar otras partidas.
Argentina tiene el récord de amnistías tributarias de América Latina
Una amnistía tributaria (o “blanqueo”) es un régimen de excepción por el cual el Estado ofrece a los contribuyentes regularizar obligaciones incumplidas —activos no declarados o deudas impositivas— a cambio de condiciones más benignas que las que rigen bajo el régimen normal: perdón total o parcial de multas e intereses, alícuotas reducidas sobre lo declarado o, en los casos más generosos, directamente exención de pago hasta cierto umbral.
Conviene distinguir dos tipos. Las amnistías plenas implican un perdón total o casi total de la deuda tributaria y de las sanciones asociadas: el evasor blanquea sin costo relevante. Las amnistías parciales ofrecen quitas menores —típicamente sobre intereses y multas, manteniendo el capital adeudado— y suelen incluir planes de facilidades de pago. Ambas comparten la lógica de fondo: quien no cumplió recibe un trato mejor del que le correspondía si hubiera cumplido en tiempo y forma.
Entre 1983 y 2025 la Argentina sancionó 59 amnistías (39 parciales y 20 plenas), más del doble que el país que le sigue en el ranking. En el país, las amnistías dejaron de ser un instrumento excepcional: lo usaron gobiernos de todos los signos, con distintos objetivos coyunturales —conseguir dólares, mejorar la caja fiscal, sincerar patrimonios— pero con una misma consecuencia estructural. Esa consecuencia es un incentivo al incumplimiento. Cuando las amnistías se repiten con esta frecuencia, el contribuyente aprende que no pagar es una apuesta razonable. La evidencia argentina es coherente con eso, con niveles elevados de evasión e informalidad.
A esto se suman dos problemas distributivos de fondo. Primero, las amnistías son regresivas: sus principales beneficiarios son patrimonios elevados, precisamente los que tienen capacidad de acumular activos no declarados, muchas veces en el exterior. Segundo, generan inequidad horizontal: dos contribuyentes con la misma capacidad contributiva reciben un trato distinto. En síntesis, se corroe el principio básico de igualdad ante el fisco, se erosiona la moral tributaria y aumenta la evasión estructural.
El sistema tributario argentino en el tiempo
La presión tributaria argentina no fue siempre la misma: atravesó ciclos de fuerte expansión y también de retracción, ligados tanto a los vaivenes de la economía como a decisiones de política fiscal de cada gobierno. ¿Cuáles fueron sus características particulares?
La estructura tributaria argentina es muy volátil
Un sistema tributario estable y previsible es clave para que las familias puedan planificar su horizonte de gastos y las empresas el de sus inversiones. Si las reglas del juego cambian con frecuencia, la planificación se vuelve más difícil y riesgosa. En el caso de las empresas, este factor adicional de volatilidad termina exigiendo una mayor rentabilidad esperada para justificar la inversión. Esto afecta especialmente a las decisiones de largo plazo, que requieren horizontes de varios años para recuperar el capital invertido.
Argentina se destaca por una estructura tributaria volátil que, en las últimas décadas, ha sufrido cambios significativos: mientras que los tributos sobre bienes y servicios perdieron peso (del 43% promedio en la década 1991-2000 al 35% en 2011-2020), los impuestos sobre los ingresos más que duplicaron su participación (del 7,5% en 1981-1990 al 18% en 2001-2010). Los tributos al comercio exterior oscilaron fuertemente no sólo por decisiones de política tributaria, sino también por la política cambiaria y los precios internacionales: cayeron durante la convertibilidad, se dispararon con la reintroducción de las retenciones en 2002 y volvieron a bajar en los últimos años. La participación de las contribuciones a la seguridad social también se redujo, en buena medida por el avance de la informalidad laboral desde mediados de la década pasada.
Esta inestabilidad no es casual. La política tributaria argentina ha tendido a regirse por necesidades de corto plazo (cubrir déficits, responder a crisis), en detrimento de guiarse por una estrategia de largo plazo. Bajo esta lógica, se impulsaron reformas parciales y superpuestas que generaron un sistema cuyas reglas cambian con mucha frecuencia. En una economía ya de por sí volátil, el sistema tributario, en lugar de aportar previsibilidad, amplifica la incertidumbre.
El sistema tributario argentino es altamente procíclico
Los sistemas tributarios de todos los países del mundo tienden a ser procíclicos: cuando la economía crece, la recaudación crece más que proporcionalmente, y cuando cae, la recaudación hace lo propio. Esto ocurre porque los impuestos a los ingresos son procíclicos por diseño —en períodos de expansión, los ingresos de las personas y empresas superan los mínimos no imponibles y tributan a alícuotas más altas; y en períodos de contracción sucede lo contrario— y porque el consumo, base del IVA, también tiende a moverse con el ciclo económico. Las contribuciones a la seguridad social pueden reforzar o compensar parcialmente este efecto ya que si bien la masa salarial tiende a ser procíclica, las contribuciones tienen usualmente topes nominales que excluyen una porción del ingreso de la base imponible.
El sistema tributario argentino es procíclico: los datos del gráfico implican que un aumento del 1% en el PIB genera un aumento en la recaudación de 1,56%.
Este comportamiento se vuelve problemático cuando se lo combina con el gasto público, que en Argentina también es procíclico. El resultado es una trampa fiscal: cuando la economía crece, el mismo sistema genera los ingresos para financiar el aumento del gasto (aunque no siempre suficientes); pero cuando la economía cae, los ingresos se reducen y el gasto se recorta no necesariamente por decisión de política sino por falta de recursos, provocando un factor adicional de contracción en la demanda.
Evolución comparada con el resto del mundo
En las últimas décadas, la presión tributaria mostró una tendencia creciente en buena parte del mundo, a medida que los Estados ampliaron su rol en la provisión de bienes públicos, salud, educación y protección social. ¿Cómo evolucionó la carga tributaria en el mundo y en la región? ¿Qué lugar ocupa Argentina en la comparación internacional?
La presión tributaria argentina creció significativamente, tendencia que también se verifica en el mundo pero en menor magnitud
El crecimiento del Estado y su capacidad de financiarse a través de impuestos es uno de los rasgos más salientes de los últimos dos siglos. Hasta principios del siglo XX, los países recaudaban menos del 10% de su ingreso nacional en impuestos —apenas lo suficiente para funciones básicas como el orden y la defensa. Tras la Primera Guerra Mundial, la presión tributaria comenzó a crecer en los países industrializados, impulsada por la expansión de los impuestos directos y, más adelante, por la generalización del IVA. Los países en desarrollo siguieron una trayectoria similar, pero más tardía.
En este siglo, la tendencia al aumento de la presión tributaria se mantuvo globalmente, aunque de manera moderada. Argentina fue uno de los casos más extremos: entre 2002 y 2015 pasó de 17,8% a 31,5% del PBI, un aumento de 13,6 puntos porcentuales (p.p.), el mayor registrado en el mundo. Para dar un orden de magnitud, en ese lapso el promedio de la OCDE subió 0,6 p.p. y el de América Latina 3,9 p.p..
El salto de la presión tributaria fue en respuesta de la necesidad de financiar un gasto creciente, y estuvo impulsada por el crecimiento económico y del empleo formal, la reinstauración de las retenciones a las exportaciones y la creación de impuestos de emergencia —como el impuesto a los créditos y débitos bancarios— que terminaron consolidándose como fuentes permanentes de recaudación a pesar de ser altamente distorsivos. Su reducción o eliminación es objeto de debate público, pero enfrenta la dificultad de la pérdida de recaudación que implicaría.
Desde 2015, Argentina fue uno de los países que más redujo su presión tributaria: bajó 3,7 p.p. hasta el 27,6% del PBI en 2024, en un contexto de estancamiento económico, caída del empleo formal y numerosos cambios normativos. En el mismo período, la OCDE subió 1,2 p.p. y América Latina 0,7 p.p. Si bien, la presión tributaria de Argentina sigue siendo la segunda más alta de América Latina y elevada para un país en desarrollo, esta volatilidad es distorsiva en sí misma y es reflejo de la inestabilidad de la estructura tributaria argentina.
Un impuesto al patrimonio de los centimillonarios de Argentina contribuiría a reducir la regresividad del sistema
Para que un sistema tributario sea genuinamente progresivo es necesario incorporar tributos que alcancen a los súper ricos, quienes tributan proporcionalmente mucho menos que el resto porque sus ingresos se acumulan al interior de empresas y utilizan estrategias contables y vehículos de planificación diseñados para minimizar la carga impositiva.
Dos instrumentos son centrales para gravar a este segmento: el impuesto a los ingresos de las empresas y los impuestos al patrimonio. Sobre el primero, más de 60 países ya legislaron un impuesto mínimo global del 15% a multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros; Argentina aún no lo implementó. Sobre el segundo, existe una propuesta para aplicar un tributo de entre 1% y 3% al patrimonio de los centimillonarios (personas con más de USD 100 millones). Ambos requieren coordinación internacional para ser efectivos.
En Argentina, este tributo patrimonial contribuiría a reducir la regresividad del sistema, aunque recaudaría poco en la comparación regional. Esto se debe a que el patrimonio de los centimillonarios argentinos es más chico que el de los otros países, porque su cantidad por habitante es relativamente baja y su patrimonio promedio es menor al de sus pares regionales. Esto se explica por el mayor subregistro de riqueza en estructuras opacas en el exterior, la emigración fiscal de muchos súper ricos y limitaciones metodológicas en las estimaciones disponibles.
A ello se suma un obstáculo regulatorio: el Régimen Especial de Bienes Personales (REIBP) congeló las alícuotas de Bienes Personales hasta 2038, impidiendo mayores impuestos patrimoniales nacionales; y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y Súper RIGI otorgan estabilidad fiscal por 30 años a grandes empresas, congelando el impuesto a las ganancias.
Un impuesto a los centimillonarios colaboraría con la equidad del sistema, pero su rendimiento limitado no elimina la necesidad de contribución del resto de la población.
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Cita sugerida
Zack, G. y Libman, E. (2026). Tributario. Argendata. Fundar.
Este tópico fue elaborado con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert.
